Cómo duele que nos roben el patrimonio

La tarde del pasado 27 de agosto fue de mal recuerdo, y también lo fue la noche. Me puse de muy mal humor cuando leí que una banda de delincuentes había robado el Tesoro de Villena durante la madrugada, ese conjunto valiosísimo de orfebrería de la Edad del Bronce cuya réplica había tenido la oportunidad de admirar en una visita al museo en el verano de 2024.
Mi recuerdo de entonces fue acompañado de cierta decepción al advertir que efectivamente se trataba la réplica y no el original, que comenzó a ser expuesto unas semanas después de mi vista. El 27 de agosto me dí cuenta de que mi decepción de aquella ocasión no tenía ni punto de comparación con mi estado de ánimo tras el robo, que me mantuvo en un estado de intranquilidad como poco y de mucho enfado durante aquella tarde y que no me permitió dormir bien aquella noche.
Aquel tesoro lo sentía como muy mío, también. Desde que lo había visto muy jovencito en fotografías publicadas en la histórica Revista de Arqueología, en la década de los 80. Desde entonces tenía el deseo de admirarlo, algo que finalmente llegó- o casi.
Pero esta historia no esconde otra y de esto es lo que hay que hablar.
Los diversos robos que tuvieron lugar el pasado verano en varios museos de la geografía española han puesto en evidencia una cuestión fundamental que suscita ahora múltiples debates, además de haber generado el sempiterno debate mediático y político sobre quién tiene la competencia en su cuidado, y quién tiene por tanto alguna responsabilidad sobre lo sucedido.
En primer lugar, hay que decir que la culpabilidad es del ladrón o de las bandas que con absoluto desprecio al valor intangible de nuestro patrimonio, han procedido de forma despiadada a un cálculo económico simple: el peso y el precio del oro que contienen -o contenían- esos tesoros.
En paralelo, se han iniciado investigaciones para dilucidar si existe alguna responsabilidad penal por parte de autoridades locales, algo que parece no tener demasiado recorrido judicialmente. Lo que no quita recodar que son los responsables públicos los que tienen buena parte de la responsabilidad para salvaguardar el patrimonio que es de propiedad pública.
Particularmente, el robo del llamado Tesoro de Villena tiene una dimensión excepcional por su carácter único y su valor patrimonial. Se trata de un conjunto de piezas en oro y plata de la Edad del Bronce, hallado en 1963 en las cercanías de esta localidad alicantina. Ciertamente la señal de alerta se había dado, y no se había oído o no se había querido oír.
La desaparición de este tesoro se suma al robo de 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva de la Serena en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, el 25 de abril de 2026, y a la sustracción de más de 200 monedas de oro en el Museo de Albacete apenas tres meses después, el 28 de julio. Unos robos que debieron haber puesto sobre aviso a las instituciones. En ello incidió el informe de Europol que se hizo público el 24 de agosto de 2026, y que llamaba la atención sobre las nuevas amenazas a las que debían hacer frente los museos europeos. Muy pocos días antes del robo de Villena.
¿Funcionaron pues convenientemente las redes de coordinación e información para que los museos tuvieran en cuenta dichas amenazas, con el ejemplo inmediato previo de Badajoz y Albacete? No parece el caso.
La discusión política efectivamente no se ha hecho esperar. Como en multitud de otros asuntos que afectan al patrimonio y la cultura, tenemos que tener en cuenta que las competencias en la materia son fundamentalmente de las entidades locales y de las comunidades autónomas y que el Ministerio de Cultura tiene un papel menor. Pero eso no quiere decir que no deba tener un papel director, y aquí lo debe tener.
Tras este desgraciado suceso, el Partido Popular (PP) presentó recientemente en el Parlamento una Propuesta No de Ley (PNL) para establecer ciertos criterios en la protección de los museos y el aumento de la seguridad. Entre sus propuestas más destacables figuraba la muy necesaria coordinación entre las diferentes instancias administrativas y políticas y el desarrollo de medidas técnicas que aumentaran la seguridad de los museos.
A pesar de la coherencia de estos aspectos, y al margen de los inevitables oportunismos políticos, esta proposición fue rechazada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, en medio del marasmo de reproches a la corporación municipal de Villena, liderada por este último partido.
Por su parte, El Ministerio de Cultura ha establecido una serie de normas para museos estatales, pero aparte de estos,hay muchos otros locales o municipales que es donde verdaderamente se plantea la cuestión, y aquí nos encontramos nuevamente con la atribución y el reparto de competencias, que supone un obstáculo añadido a la coordinación y al establecimiento de criterios claros y comunes a todas las instituciones.
La discusión se ha establecido en torno a dos opciones; una de ellas es perfectamente factible y realizable en un corto plazo de tiempo y con carácter urgente y la otra, por algunas razones apuntadas, se enfrenta a importantes complejidades.
Así, la solución más factible y más o menos inmediata consistiría en el establecimiento de unos criterios claros para garantizar la seguridad de las piezas del patrimonio histórico y artístico susceptibles de ser sustraídas ilegalmente debido a su valor intrínseco: es decir, que todos los objetos históricos fabricados en metales preciosos (oro, plata y piedras preciosas), y por tanto bajo el riesgo de despertar el interés y la codicia de bandas criminales, deberían ser retirados de exposición y depositados en depósitos y cajas de seguridad.
De forma urgente se deberían arbitrar medidas en todo el territorio a este propósito. Como permaneció el Tesoro de Villena por muchos años. Y que sean expuestas copias fidedignas de las piezas originales para que su interés histórico, cultural, arqueológico y pedagógico pueda ser conservado para la ciudadanía.
Es el caso del Tesoro de Villena nuevamente, y la copia que pude ocasión de admirar cuando visité el museo, que, tras un largo y tranquilo reposo en las cajas fuertes de un banco local tuvo derecho a salir a la luz pública únicamente por dos años, desde la inauguración del museo que lo albergaba hasta su robo.
La otra opción es que las piezas originales puedan ser depositadas en museos nacionales que dispongan de las medidas de seguridad adecuadas. Pero aquí las dificultades no son pocas. Primero por el estado competencial comentado, que abriría una guerra política y autonómica. Segunda, porque los museos nacionales tampoco están al abrigo en un 100%, como demuestra el robo en el Museo del Louvre parisino.
Así que quedémonos de momento con la primera de las propuestas, pero pongámosla en marcha con carácter urgente, público y conocido. ¿Es este el caso?

Comentarios